A propósito de las informaciones publicadas ayer,  martes 17 de enero, sobre el proyecto No. 17.410 “Ley para la Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico”, la Unión Nacional de Gobiernos Locales considera importante los siguientes aspectos:

    * La Ley establece una distancia mínima de 200 metros, pero queda a criterio del Concejo Municipal de cada cantón señalar si será adecuado 200 metros o más, de acuerdo a las características socioeconómicas del cantón.
    * La Ley Seca efectivamente se elimina, pero cabe destacar que esta quedará a consideración de cada gobierno local de aplicarla vía reglamento, especialmente por asuntos de interés turístico en los cantones donde esta actividad es primaria.
    * El cobro, que es trimestral, aumentará con montos que la municipalidad establecerá mediante un mecanismo de bandas que establece el proyecto de ley, fundamentado en el salario base del poder judicial, permitiendo la inversión en el control de la comercialización y venta de las bebidas con contenido alcohólico. Situación que actualmente no se da debido al mercado negro y las bajas tarifas que  puede cobrar una Municipalidad.
    * Además se suma a lo anterior que la nueva Ley contará con un régimen de sanciones más fuerte,  tan es así que en su artículo 23 se establece castigos de carácter penal para el  “licenciado” que venda, facilite, expenda bebidas alcohólicas a menores de edad.
    * Es importante recalcar que las municipalidades están representadas por el Concejo Municipal y el Alcalde, personas de la misma comunidad, quienes conocen muy bien las necesidades y fortalezas de su cantón. El Concejo Municipal es un órgano multipartidista y los regidores (as) tomaran las decisiones mas adecuadas para la comunidad, pues son parte de ella.

Sin duda alguna este proyecto de ley, tramitado bajo el expediente legislativo Nº 17.410, debe aprobarse, puesto que dispone de un marco regulatorio óptimo en materia de licores y reconoce en las municipalidades su verdadero rol de gobiernos locales. Fortalece su autonomía al brindarle potestades y competencias que garantizarían el ejercicio responsable del comercio de licores, un desarrollo económico sostenible de la actividad y un estricto esquema de control en caso de incumplimientos. Lo anterior sin dejar de lado el fortalecimiento financiero que implica la captación de recursos por el ejercicio de esta actividad tan lucrativa, que servirá para fortalecer las labores de inspección y el marco de acción de gobierno locales en beneficio directo de la ciudadanía.

Además adjuntamos artículo de opinión con más información al respecto.

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