La compleja atmósfera en la que las universidades han debido disputar su presupuesto se ha visto salpicada de recursos francamente infames; evidencia quizás del sendero que está dispuesto a transitar–arrasar el proyecto social que ve en el lucro una señal divina, y que tiene en la privatización su máxima capacidad de resolución a cuanto problema se le aparece. “Los conoceréis”, pero no en la prédica sino en la práctica, y no tanto por sus frutos como por los medios con los que arrancan esos frutos: herramientas depredadoras, instrumentos de muerte, armas innobles.

Además de los errores, las desinformaciones -puede que no intencionales algunas-, los análisis incautos -cuando no ligeros-, las omisiones, provenientes de los ámbitos más diversos del espectro social costarricense, se ha introducido uno altamente preocupante por su procedencia: el gobierno con el que las universidades aspiran a negociar recurre a las falsedades y las descalificaciones. o es que se haya manipulado la información de modo grotesco, es que abiertamente han mentido.

El Ministro Garnier difunde (La Nación SA, 15/5/2010, pag. 4A) un cuadro engañoso y truculento en el que acortó la distancia del último tramo de la variable que mide los años, de modo que en la misma distancia que venía mostrando el comportamiento presupuestario de los años 2008, 2009 y 2010, concentró los cinco años que van del 2010 al 2015. De este modo, al contrastar el presupuesto pedido por las universidades con el presupuesto ofrecido por el gobierno, la curva del CONARE aparece con una pendiente mayor -grotescamente mayor- de la real. Hemos sabido que cuando los rectores confrontaron a la delegación gubernamental sobre esta falsedad, obtuvieron por respuesta, “fue un dedazo” (¿uno de los dedos de la mano invisible?).

Con este burdo ardid, el Ministro de Educación al que sus pares llaman orgullosamente el ministro cool, provocó un efecto visual que sugiere un planteamiento “fuera de la realidad” (Garnier dixit) de parte de CONARE. De haber hecho el cuadro con la escala consistente, se advertiría que lo propuesto por las universidades mantiene la misma pendiente, es decir, que las universidades están planteando el mismo crecimiento con el que se ha contado hasta el año presente.

Simple falsedad. En campo pagado por el erario público (La Nación SA, 15/6/2010, pag. 17A), la representación gubernamental en la Comisión de Enlace –esa en la que una de las ministras precisa de traducción para entender el idioma oficial del país al que le debe su investidura- calumnió a las universidades atribuyéndoles falsamente la pretensión de erigirse como “única prioridad nacional”.

Esta falsedad la sustentó en una simple y llana falsedad: las universidades pretenden “triplicarse el presupuesto cada cuatro años”, aseveración que “sostienen” en un cálculo que ignora un detalle que cualquier estudiante de primer ingreso de la carrera de economía sabe: la información sobre los ingresos resulta medianamente útil cuando se expresa en términos reales y no nominales. Increíblemente, la representación gubernamental, o bien desconoce ese fenómeno al que se le llama inflación, o bien manipula la base del cálculo al deflatar los colones.

Este es el mismo ministro que mientras se presenta como el adalid de la enseñanza media y primaria, sub-ejecuta el presupuesto del Ministerio de Educación Pública en 126 mil millones de colones; que califica de “gasto” la inversión que hace el país en educación; el mismo que considera un “lujo” (Diario Extra 23/06/2010, pag. 6) el aumento en la inversión por estudiante, y no un aumento en la calidad educativa que, de no darse, este país quedaría condenado a vivir lejos de cualquier horizonte de desarrollo; que llama “simples razones inerciales” (La Nación SA, 18/6/2010) el acervo académico que ha permitido que la educación costarricense tenga la calidad que se le reconoce internacionalmente; que amenaza con entregar los recursos públicos constitucionales a las universidades privadas, que no conocen más que de rendimientos económicos; que en la página pagada por los contribuyentes afirma que las universidades pretenden subir el costo por estudiante en un 97%, porcentaje obtenido sumándole a la docencia, la inversión que realizan las universidades en investigación y acción social, labores por cierto ajenas a las universidades privadas, y que constituyen una retribución a la comunidad y al desarrollo nacional independiente, que por lo visto el gobierno quisiera menguar o directamente suprimir.