Por Daniel Calvo

La discusión sobre el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), es un tema que la prensa ha tomado opinión a diversas figuras de gobierno, columnistas, rectores, catedráticos, profesores, pero lamentablemente a muy pocos estudiantes universitarios y sobre todo colegiales, quienes en resumidas cuentas a corto plazo deberían ser los más interesados en este asunto.

No podemos olvidar que si bien la educación pública superior es importante para el desarrollo de Costa Rica, esta no es el único tipo de educación que el Estado debe financiar, recordemos que también existe y es requisito para el acceso a la educación superior, la finalización de los estudios de secundaria.

Situación de la cual por lo visto no parece estar al tanto la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), quien ha manifestado apoyar de forma “solidario y afectiva” al Consejo Nacional de Rectores (CONARE), claro entendiendo por solidaridad el respaldo en materia de presión política y apersonamiento en marchas, no así en términos presupuestarios.

Es comprensible que el movimiento estudiantil universitario con la “solidaridad afectiva” de estos grupos haga su agosto con dichas manifestaciones, esperemos que con el mismo entusiasmo con el que marchan quienes asisten a estas luchas, marchen a favor de una reforma fiscal que permita al menos por unos años dar trámite a su irracional y desproporcionada petición presupuestaria, que pretende duplicar salarios insostenibles cada un determinado número de años, en detrimento de la Educación que algunos rectores y altas cúpulas universitarias dicen hoy defender. –

En mucho ayudaría en esto la actual presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FEUCR) a su padre, nada menos que el Ministro de Hacienda del gobierno que pretende un aparente recorte – Estas altas cúpulas universitarias tan políticas como contra quienes protestan, utilizan y esperemos que no a modo de baluartes, a dirigentes estudiantiles que visitan aulas, organizan marchas, manifestaciones y piquetes, en respuesta a una inteligente “campaña del miedo” que pregona que las becas estudiantiles corren peligro.

Cuando de los 222 mil millones colones reportados por las universidades públicas a la Contraloría General de la República en 2009, sólo 11 mil millones de colones – un 5% – se destinaron para becas de estudiantes, mientras 47 mil millones de colones – más del 20% – se dedicaron al pago de sobresueldos salariales.

Espero que por tener claro lo anterior, no se me tilde de escritor a sueldo de Guillermo Malavassi, vende-patrias, traidor u otro agravio, a los cuales me he tenido que acostumbrar a recibir en mis muchos años como estudiante de un centro de estudios que dice llamarse universidad, sin comprender a plenitud el significado de este concepto, el cual debe resguardar no sólo el derecho a pensar distinto al gobierno.

El financiamiento de la educación pública superior, se debe seguir discutiendo más allá del destino de esta negociación, se debe exigir transparencia a las partes involucradas, de modo que la discusión se torne abierta para que así se involucren cada vez más los jóvenes, quienes con argumentos sólidos y no panfletarios, deben determinar a quién exigir cuentas claras sobre cómo se administra el dinero de la educación pública superior.