Por Mauricio Castro Salazar

Leí en mi casa, en La Mina de Santa Ana, ese titular de La Nación el lunes 16 de agosto. Y como subtítulos estos dos: “Minaet advirtió al PLN de que nueva ley atrasaría proyecto Diquís en la zona sur” y “Autonomía de pueblos indígenas obligaría a nuevas consultas sobre plan”.

Tenía un compromiso y debía salir rápido. No tenía tiempo de seguir leyendo. Me dio un dolor tremendo la lectura de los titulares. Me dije nada más: “no es posible que en pleno siglo 21 se continúen utilizando esos argumentos”.

Yo estoy a favor de los proyectos hidroeléctricos, pero no así….No se vale que al grupo más vulnerable (los más pobres entre los pobres) del país se le quiera pasar por encima una vez más, y que ahora so pretexto de un proyecto se eche para atrás una propuesta de Ley que lleva más de 17 años de discusión.

Por la noche leí la noticia y en su texto dice: “de aprobarse el plan de autonomía para los 22 territorios indígenas, se hacen “más rígidas las consultas previas” a estas poblaciones, lo que “eventualmente puede significar la pérdida para el país de este valioso recurso”. En un recuadro se lee: “El proyecto hidroeléctrico Diquís está en medio de la reserva indígena Boruca. Si se aprueba el proyecto de ley de Autonomía de los Pueblos Indígenas, el estado tendrá que pedir la autorización de estas poblaciones. El Ejecutivo ve inconveniente esta situación, pues atrasaría e incluso, pondría en riesgo la ejecución de este y otros proyectos hidroeléctricos…”

He de confesar que tenía pensado escribir esta semana sobre otro tema, pero ante semejante atropello decidí hacer estos comentarios:

1- El Estado ya tiene que hacer consultas a los pueblos indígenas. El Convenio 169 de la OIT, ratificado por Costa Rica el 2 de abril de 1993, dice, entre varios, en su artículo 6 lo siguiente: “Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán:

a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente.

Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.”

2- Cualquier obra requiere de una Evaluación de Impacto Ambiental, aunque se declare de interés nacional y se ponga en riesgo la obra misma. Diquis tiene que pasar por ese proceso. Y si ya lo presentaron y fue aprobado, ¿cómo fueron las consultas?

3- El artículo 22 de la Ley General del Ambiente, relacionado con el expediente de la Evaluación de Impacto Ambiental, dice: “Las personas, físicas o jurídicas, públicas o privadas, tendrán el derecho a ser escuchadas por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, en cualquier etapa del proceso de evaluación y en la fase operativa de la obra o el proyecto. Las observaciones de los interesados serán incluidas en el expediente y valoradas para el informe final. Diquís tiene que pasar por ese proceso. Las consultas y escuchar a los vecinos de Boruca es una obligación legal.

4- En el mismo artículo 22, se dice que: “la Secretaría Técnica Nacional Ambiental remitirá un extracto de (la Evaluación de Impacto Ambiental) a las municipalidades en cuya jurisdicción se realizará la obra, la actividad o el proyecto. Asimismo, le dará profusa divulgación, por los medios de comunicación colectiva, a la lista de estudios sometidos a su consideración.”

La consulta es una obligación ya establecida.

5- Qué difícil es pedir apoyo para proyectos como Diquís y los que vengan, sin conocer un plan de eficiencia energética, de ahorro de energía, de repotenciación de las represas existentes, de uso de los ríos que ya se han utilizado, de otras fuentes alternativas de energía y sobre todo que aún no se deja de lado el argumento trillado que históricamente se ha venido utilizando por varios funcionarios del ICE desde hace años, que dice algo así como “…el tiempo que perdamos dando explicaciones es tiempo precioso que perdemos en la construcción de la represa…”

En la construcción del proyecto Diquís se tendrán que reubicar a 1200 personas. Tendrán que dejar sus terrenos, sus viviendas, sus muertos y sus recuerdos. Personas que tienen de vivir ahí más de 500 años… No me puedo imaginar que sucedería si esas 1200 personas fueran vecinas de Lomas de Ayarco o de San Rafael de Escazú… ¿usted qué opina?