Fuente: Costa Rica Hoy

Hace mucho tiempo ya, los costarricenses nos hemos acostumbrado a vivir de mitos, de ilusiones, de fantasías proclamadas como verdades. Y, hasta se llega a creer que son ciertas.

Sin embargo, no son más que eso, quimeras, que al ser confrontadas con la realidad, deberían avergonzar. Una de ellas, es precisamente la que afirma que la costarricense, es una sociedad respetuosa de los Derechos Humanos.

En un editorial anterior, hicimos referencia al hecho de que tanto en cuanto los derechos humanos no cuenten con financiamiento óptimo en el presupuesto general de la República su cumplimiento se tornará nugatorio. Hoy tampoco, por razones de espacio, pretendemos ser exhaustivos en el análisis del tema.

Lo analizaremos, a la luz de hechos recientes acaecidos en la Asamblea Legislativa, relacionados con la toma del Salón de Beneméritos por parte de un grupo de indígenas de diferentes etnias. Costa Rica irrespeta con la mayor desfachatez, los derechos humanos de los pueblos indígenas costarricenses. La igualdad ante la ley, constituye el presupuesto fundamental del ordenamiento jurídico en nuestro Estado democrático de Derecho.

El mero respeto al derecho fundamental dicho, impone al Estado costarricense la obligación de brindarles a los indígenas un trato paritario, y de hacer todo lo posible para garantizar que estos ciudadanos costarricenses, integrantes de las diferentes etnias, consigan una posición de igualdad real de disfrute de derechos y oportunidades, frente al resto de la población nacional.

Sin embargo,- a la fecha,- el financiamiento público de programas y proyectos destinados a la población de las reservas indígenas es total y absolutamente exiguo, como si se tratase de ciudadanos de segunda categoría, y su prioridad en las políticas nacionales de desarrollo es prácticamente inexistente. Lo anterior ha sometido a este grupo poblacional a un gravísimo estado de vulnerabilidad frente a los abusos de poder tanto de los gobiernos de turno, como del resto de la población nacional que usurpa sus tierras y riquezas naturales.

En el ámbito multilateral, en 1989, fue aprobado en el seno de la Organización Internacional del Trabajo, O.I.T., el Convenio Nro. 169, Sobre Pueblos Indígenas y Tribales que reconoce el derecho de esos pueblos a asumir el control de sus propias instituciones y formas de vida y de su desarrollo económico y a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones, dentro del marco de los Estados en que viven.

Así mismo, declara el deber de los Gobiernos, de asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger sus derechos y garantizar el respeto de su integridad, agregando así mismo en el inciso 2) del Artículo 3 que “no deberá emplearse ninguna forma de fuerza o de coerción que viole los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos interesados” Costa Rica forma parte del Convenio No 169 de la O.I.T., y por ende, irrespeta con la mayor desfachatez, los derechos humanos de los pueblos indígenas costarricenses. Ya es hora que el Gobierno de la República asuma su deuda ancestral y adopte las acciones necesarias que permitan garantizar los derechos humanos de las etnias indígenas.

Los saqueos de las riquezas y las usurpaciones de los territorios deben acabar. Es urgente crear el marco regulatorio que así lo asegure y que además instaure los mecanismos legales necesarios, que permitan realizar proyectos e inversiones de interés nacional en tierras indígenas de manera consensuada con su población y en respeto de sus derechos. El Gobierno debe parar sus tácticas dilatorias en este asunto, Debe enfrentarlo con respeto y buscarle una solución inmediata.

En consecuencia, instamos a la Presidenta de la República, doña Laura Chichilla a tomar acción inmediata en este delicado tema. Ya es hora que la Costa Rica que se ufana ante la comunidad internacional de ser respetuosa de los derechos humanos, actué de conformidad y en consecuencia con ellos, y proceda a respetar y a hacer cumplir los de los indígenas costarricenses.