Esta es la carta enviada por las redes internacionales de sociedad civil ALOP, APRODEV, CIFCA, CIDSE, FIAN, GRUPO SUR, y OXFAM a la Sra. Catherine Ashton, Alta representante de la UE para Relaciones Exteriores; a los Miembros del Parlamento Europeo (Comité de Desarrollo, Subcomité de DDHH, Delegación para relaciones con CA) y a la Comisión Europea

Urge respuesta de la UE frente a violaciones de derechos humanos en Honduras

Las redes de sociedad civil ALOP, APRODEV, CIDSE, CIFCA, FIAN Internacional, Grupo SUR y OXFAM manifiestan su preocupación por el bajo perfil que tiene Honduras en la agenda de la Unión Europea. La situación de derechos humanos en el país continúa siendo grave y el país está
lejos de alcanzar la normalidad.

En el marco del primer Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para Honduras el 4 de noviembre 2010, con esta carta queremos subrayar algunos de los problemas que enfrenta Honduras e instar a la Unión Europea a tomar medidas para contribuir a mejorar esta situación.

Desde el golpe de Estado, el 28 de junio de 2009, y después de la llegada al Gobierno de Porfirio Lobo Sosa, ha habido un incremento en las amenazas, hostigamientos y asesinatos contra defensores y defensoras de derechos humanos, líderes sociales, miembros de la resistencia y
periodistas.

Desde el mes de marzo de este año, se han cometido 10 asesinatos de periodistas o comunicadores sociales, cuyos crímenes no han sido esclarecidos hasta la fecha. Esto ha llevado a la ONG internacional Reporteros Sin Fronteras a calificar a Honduras como uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas.

A su vez, constatamos que continúa la represión violenta incluyendo detenciones arbitrarias a manifestantes de la oposición. El Estado de Honduras ha fallado en la implementación efectiva de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las cuales están destinadas a proteger la vida e integridad física de personas en riesgo.

En varios casos, personas sujetas a medidas de protección fueron objeto de agresiones, incluyendo el periodista Nahúm Palacios, quien fue asesinado el 14 de marzo de 2010.

La impunidad sigue siendo uno de los problemas más serios en el país. Todavía no se ha iniciado ningún juicio en relación a las violaciones a los derechos humanos cometidos después del golpe de Estado, incluyendo el caso conocido del asesinato del defensor LGBT Walter Tróchez el 13 de diciembre de 2009.

Los órganos que deberían asegurar el acceso de las víctimas a recursos efectivos han actuado abiertamente en contra de sus mandatos, evidenciando así su falta de independencia y politización.

En el caso del conflicto agrario en el Bajo Aguán, desde principios de este año, 11 campesinos han sido asesinados, y hasta la fecha no hay evidencia de que se hayan realizado investigaciones serias sobre éstos crímenes.

Acciones como la aprobación de un decreto de amnistía y el otorgamiento del cargo de diputado vitalicio a Roberto Micheletti debilita la legitimidad de instituciones estatales como la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público.

Según la CIDH: “la impunidad generalizada por violaciones a los derechos humanos se encuentra facilitada por decisiones de la Corte Suprema de Justicia que debilitan el estado de Derecho. Además del cuestionado rol de la Corte Suprema de Justicia durante el golpe de Estado, con posterioridad ha decidido, por un lado, sobreseer a los militares acusados de participar en el golpe y por otro, despedir a jueces y magistrados que buscaron evitarlo por vías democráticas.”

También se está viendo una preocupante militarización de la sociedad hondureña producto del golpe de Estado. Altos mandos o ex miembros del Ejército, contra quienes se han formulado denuncias por su participación en el golpe de Estado, ocupan la dirección de dependencias públicas de alto nivel en el gobierno de Lobo, entre ellos el General Romeo Vásquez Velásquez, como Gerente de la empresa nacional de telecomunicaciones HONDUTEL.

El gobierno de Lobo ha tomado algunas medidas en el área de derechos humanos, por ejemplo el nombramiento de una ministra asesora en materia de derechos humanos. Sin embargo, como observa la CIDH: “Con la estructura actual, es prácticamente imposible que la Ministra pueda tener un impacto significativo sobre la vigencia de los derechos humanos”.

También fue creada la Secretaria de Justicia y de Derechos Humanos, la cual fue aprobada por el Congreso Nacional de Honduras el día 28 de Septiembre 2010. Aunque nos preocupa el rol que ha jugado el actual Comisionado de derechos Humanos, Ramon Custodio Lopez, opinamos que la creación de la Secretaria podría entrar en competencia con la actual institución del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH) el cual es un órgano independiente del Estado. Adicionalmente, teniendo en cuenta la falta de recursos del estado de Honduras, el financiamiento de una nueva Secretaria es cuestionable y se considera que en lugar de crear nuevas instituciones, el gobierno de Lobo Sosa debería tomar acción para reestablecer la credibilidad de la institucionalidad existente, como es el caso de la CONADEH.

Otra medida ha sido la instalación de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, que cuenta con una serie de limitaciones que comprometen la seriedad de su funcionamiento y los resultados que podría obtener. El mandato de la Comisión excluye la obligación de investigar violaciones a los derechos humanos; a su vez el decreto presidencial que crea dicha Comisión carece de fuerza de ley de la República y por ello no vincula al poder Judicial y al poder Legislativo, quienes cooperaron con el golpe de Estado y quienes, de encontrarse responsables, deberían ser sujetos a las recomendaciones de la Comisión.

Otra de las principales debilidades es su poco reconocimiento entre grandes sectores de la sociedad, debido a la falta de participación de las víctimas y la sociedad civil en su definición e instalación. Es por ello que, la Plataforma de Derechos Humanos en Honduras ha impulsado una Comisión de Verdad, independiente, que tiene como objetivo principal investigar las violaciones de derechos humanos.

En este contexto, vemos con mucha preocupación que la Unión Europea, a pesar del golpe de Estado y del contexto actual, no haya realizado cambios significativos en sus programas de cooperación con Honduras.

Especialmente alarmante es la continuidad del Programa de Apoyo al Sector de Seguridad (PASS), que cuenta con un apoyo previsto de € 44 millones. Los actores principales en el programa son la Secretaria de Seguridad, la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía, y su prioridad principal es fortalecer la capacidad investigativa de la Policía.

Estas instituciones no están cumpliendo con sus funciones de proceder en contra a los autores intelectuales y materiales de las violaciones a los derechos humanos. Lo cual se reafirma con la solicitud del Presidente Lobo a la ONU para la instalación de una Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras.

Por lo anterior, consideramos que actualmente no existen las condiciones necesarias para asegurar el buen uso de los fondos de la Unión Europea y es imperativo ver avances significativos en las áreas de derechos humanos e impunidad para la viabilidad del programa.

En caso contrario, se corre el riesgo de fortalecer aún más a instituciones responsables de violaciones de derechos humanos. Nos parece oportuna la adopción de la Estrategia local de la Unión Europea para Defensores de los Derechos Humanos en Honduras.

También consideramos positivo que la Delegación de la UE en Honduras haya gestionado fondos a través del Instrumento de Estabilidad para responder a la situación de violaciones a los derechos humanos.

Para que este proyecto pueda contribuir al fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y disminución de la polarización en la sociedad, es prioritario contar con una participación amplia de la sociedad civil y de la Resistencia, siendo ellos una fuerza muy importante de oposición política con sus bases en movimientos sociales amplios. En ese contexto, es importante resaltar que el diálogo entre la sociedad civil y el PNUD, quienes ejecutarán el proyecto, se ha visto debilitado después del golpe de Estado.

Dado lo anterior, las redes de sociedad civil abajo firmantes, instamos a la Unión Europea a:

1. Condicionar el Programa de Apoyo al Sector de Seguridad (PASS) hasta que el Estado de Honduras haya implementado acciones concretas para garantizar el respeto y la protección de los derechos humanos y la protección real de los defensores y defensoras de derechos humanos, incluyendo;

· La investigación y juzgamiento de todos los responsables de violaciones a los derechos humanos, y asegurando reparación a las víctimas.

· La adopción de medidas para poner fin a las amenazas y hostigamientos contra defensores de derechos humanos, periodistas, miembros de la Resistencia, y jueces; así como el establecimiento de mecanismos para la implementación efectiva de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH.

2. Apoyar el trabajo de las organizaciones de derechos humanos en Honduras para asegurar su labor clave en la protección y promoción de derechos humanos. En este sentido la UE debe garantizar:

· La amplia participación de la sociedad civil, incluyendo a las organizaciones de derechos humanos, a la Resistencia y a los movimientos sociales, en la definición de los enfoques y estrategias del proyecto dentro del Instrumento de Estabilidad.

· El incremento del apoyo financiero al trabajo de las organizaciones de derechos humanos en Honduras.

· Los recursos necesarios para la efectiva implementación de la Estrategia local de la Unión Europea para Defensores de los Derechos Humanos en Honduras.

· Su reconocimiento y apoyo a la Comisión de Verdad independiente, igual como su participación en la divulgación de sus resultados.

Atentamente,

• Miguel Santibañez, Presidente ALOP
• Rob van Drimmelen, Secretario General, APRODEV
• Bernd Nilles, Secretario General, CIDSE
• Lizzette Robletto, Presidenta, CIFCA
• Flavio Valente, Secretario General, FIAN International
• Dilcia Figueroa, Coordinadora, Grupo SUR
• Erik van Mele, Oficial de Incidencia, OXFAM